Abogados en Barcelona

Ya estamos, un año más, ante la obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta y, aunque hasta el día 2 de abril no podemos presentar la declaración, los más curiosos pueden acceder ya a sus datos fiscales en www.agenciatributaria.es. A estas alturas poco podemos hacer para rebajar la cuota del impuesto, porque el año 2018 está cerrado, pero aún es momento de optar por las mejores soluciones para declarar: tributación individual o conjunta, diferir ganancias patrimoniales que se manifiestan en una operación a plazos, optar a no tributar por una determinada plusvalía si nos comprometemos a reinvertir o, si cuantificamos los rendimientos netos de actividades económicas en estimación directa simplificada, quizá nos convenga elegir el criterio de imputación de caja. Y, por supuesto, no olvidemos ninguna renta ni tampoco créditos fiscales generados en ejercicios anteriores.

Acompañamos una breve guía https://economistas.es/wp-content/uploads/2019/03/z-23expRF.pdf, con los pasos a seguir y el calendario de la campaña de la Renta 2019.

Una sociedad no puede exigir que la firma extendida en un documento privado por un socio para su representación por otra persona en la junta general esté legitimada por alguno de los medios previstos en derecho, como la legitimación notarial de la firma.

Con efectos desde 4-9-2018, se ha traspuesto a la normativa española la Directiva 2015/849, modificándose la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.

Entre las modificaciones introducidas pueden destacarse:

1ª.  Los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos, deberán inscribir esta actividad en el Registro Mercantil.

2ª.  Se refuerza la obligación de identificar al titular real, especialmente  cuando se realice a través de entes sin personalidad jurídica, como es el caso de los trusts.

3ª.  Respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se realicen por personas físicas no residentes en España, el umbral pasa de 15.000 a 10.000 euros.

4ª.  En relación a la conservación de documentos, se amplía a 10 años desde la fecha en que se hizo el negocio u operación, con la finalidad de que estén disponibles por las unidades de control y prevención del blanqueo de capitales.

5ª.  Se establecen canales de denuncia, tanto públicos, como internos en los propios obligados tributarios, para que empleados, directivos o agentes externos puedan poner de manifiesto las infracciones. En especial se potencian los canales para emitir denuncias confidenciales, o anónimas.

6ª.  Se agrava el régimen sancionador..

7ª.  Se prevé dar  publicidad de las sanciones publicándolas en la página web de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.